España

Francisco Tierraseca: «Los bancos y los fondos de inversión con viviendas okupadas tienen que denunciar»

Toledo Actualizado:22/07/2020 17:13h Guardar

Luis Miguel Martín es el alcalde de Yuncler, un municipio toledano de la comarca de La Sagra con 4.000 habitantes. Juan Manuel Moral es el regidor municipal de Horche, un pueblo guadalajareño de apenas 3.000 vecinos situado en el Corredor del Henares. Este miércoles, Luis Miguel y Juan Manuel han contado al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, cómo se vive la ocupación ilegal en dos comarcas muy azotadas por este fenómeno social, por un lado, y delictivo, en muchos casos.

«En Yuncler hay 22 viviendas ocupadas ilegalmente, con una media de tres personas por inmueble; no todas son conflictivas, y no tenemos tantos problemas como en pueblos vecinos como Lominchar y Recas, o en la Sagra Alta, como Yuncos, Yeles, Ugena…», ha explicado a ABC. «Intentamos buscar un plan alternativo, conseguir que las viviendas vacías se ocupen de una manera legal, porque hay gente que sí necesitan esas viviendas», ha añadido Luis Miguel Martín.

El alcalde de Horche habla de ochenta viviendas propiedad de un banco, de las que la mitad están ocupadas ilegalmente. «Son personas que generan problemas; que no tienen civismo. Hay dos tipos de okupas: sociales y antisociales. Por desgracia, tenemos el tipo de okupa que no sabe vivir ni convivir con sus vecinos», ha descrito Juan Manuel Moral.

Tierraseca ha escuchado sus testimonios durante una reunión con representantes de ayuntamientos, diputaciones provinciales y de la Administración regional. El objetivo de este encuentro ha sido «realizar un diagnóstico y ponernos de acuerdo en actuciondes inmediatas para avanzar en las resoluciones de un problema social que provoca una enorme preocupación en algunos municipios de la región».

Luego, ante los periodistas, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha hablado de una «característica fundamental» de la ocupación ilegal en la región, donde la incidencia es desigual; va por comarcas, con La Sagra y el Corredor del Henares como zonas más castigadas. «La inmensa mayoría de las ocupaciones -ha dicho- se dan en viviendas propiedad de entidades financieras (bancos), fondos de inversión y empresas inmobiliarias. Son ocupaciones que no se denuncian judicialmente ni por parte de esos dueños se reclama que se abandonen esas residencias; Por lo tanto, no están manifestando una voluntad expresa de oponerse a esa ocupación».

Tierraseca ha añadido que las obligaciones no son solo fiscales, económicos o de otro ámbito, «sino también las de favorecer la convivencia y mantener esas propiedades en condiciones aceptables». Por eso, «es importante hacer un llamamiento a las entidades bancarias, a las empresas inmobiliarias y a los fondos de inversión que tienen en propiedad una vivienda okupada». Les ha pedido que «denuncien, al igual que las admnistraciones públicas denuncian las ocupaciones de viviendas que dependen de ellas, como la administración regional y los ayuntamientos».

La falta de denuncia por parte de bancos, fondos de inversión y empresas inmobiliarias no permite realizar un censo de las viviendas okupadas en la región. Y Tierraseca ha dado un dato muy significativo: «Durante 2019, en La Sagra se presentaron 134 denuncias por okupación ilegal en los tribunales. Todos sabemos que esa cifra no es real. ¿El motivo? Hay muchas más okupaciones ilegales, pero la inmensa mayoría de las viviendas son propiedades de bancos y de fondos de inversión». «Estas entidades no denuncian la situación de ocupación porque, en muchos casos, les salen más rentables asumir los gastos de desperfectos que puedan existir, en vez de poner en marcha sus gabinetes jurídicos para defender esas propiedades», ha asegurado. «Evidentemente, esa dejación de funciones o de responsabilidad de esos propietarios afectan gravemente al conjunto de la comunidad de esos municipios», ha añadido.

Source: abc.es

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